HC y aliados avanzan en plan para abordar controvertida ley de carrera civil.
Los senadores del cartismo y sus aliados aprobaron modificaciones al cuestionado proyecto de ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, con una fecha límite para ajustes de 30 de octubre y debate pleno el 13 de noviembre.
La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, solicitó más tiempo para analizar la legislación que busca reformar las normas para los funcionarios públicos. Argumentó que existen otros proyectos igualmente importantes que requieren un análisis profundo, destacando la complejidad y el impacto que puede tener esta propuesta en el ámbito laboral del país.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), expresó la posibilidad de posponer una semana más el tratamiento del proyecto si se llega a un consenso. Sin embargo, la solicitud de la oposición no prosperó, lo que genera un clima de tensión en el entorno político.
El proyecto de ley que se encuentra bajo discusión aborda aspectos fundamentales como la estabilidad laboral, evaluación del desempeño, derechos colectivos y el mecanismo de ingreso a la Función Pública. Cada uno de estos elementos tiene implicaciones significativas para los trabajadores del sector público y plantea cuestionamientos sobre la manera en que se gestionarán los recursos humanos en el Estado.
La semana pasada, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados, donde tanto gremios de trabajadores del sector público como del privado manifestaron su desacuerdo ante posibles reformas al Código Laboral, así como la creación de una nueva ley del Servicio Civil. Durante este encuentro, los representantes de los cartistas optaron por no intervenir, lo que llevó a los otros participantes a reprobarlos.
Una de las principales preocupaciones expresadas en la mesa de trabajo fue respecto a la propuesta de estabilidad laboral condicional que incluiría el proyecto. Los trabajadores temen que esta medida pueda ser utilizada como una herramienta para disminuir derechos adquiridos y que altere las relaciones laborales en el sector público, generando un clima de incertidumbre entre los funcionarios.
El hecho de que el proyecto avance sin un análisis más profundo o sin el consenso necesario genera un descontento que se ha empezado a reflejar en las calles, donde grupos de trabajadores han comenzado a organizarse para expresar sus demandas. Este clima de protesta podría intensificarse conforme se acerque la fecha de la discusión en el plenario, elevando la presión sobre los senadores.
La situación actual pone de manifiesto una vez más las divisiones en el Congreso sobre temas laborales críticos, y resalta la necesidad de encontrar un equilibrio que garantice tanto la modernización del Estado como la protección de los derechos de los trabajadores. El desenlace de esta controversia tendrá, sin duda, un impacto duradero en las políticas públicas relacionadas con el empleo y el servicio civil en el país.
