Speranza denuncia el uso perverso de las instituciones en la actualidad.

En el ámbito nacional, la reciente controversia generada por la legislación que afecta a las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha llevado a un debate intenso sobre su impacto en la democracia y la participación ciudadana.

El senador Gustavo Leite, uno de los miembros destacados de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), ha suscitado críticas tras la filtración de un audio en el que aparentemente acepta que las ONG podrían argumentar la inconstitucionalidad de la nueva ley ante la Corte. Esta revelación ha abierto la puerta a cuestionamientos sobre los verdaderos objetivos detrás de la norma, además de levantar una serie de interrogantes sobre la transparencia y la intención política que la motiva.

Expertos en derechos humanos y democracia han advertido que una ciudadanía pasiva y una sociedad civil debilitada son amenaza directa para la democracia. La falta de participación activa en los asuntos públicos reduce los mecanismos de control y contrapeso que son necesarios para una gobernanza efectiva. La legislación en cuestión ha sido calificada como un intento de socavar la efectividad de las ONG, poniendo en duda su función en el desarrollo social y la promoción de derechos.

El contenido del audio filtrado ha dejado en evidencia la visión de algunos legisladores sobre las ONG y su papel dentro de la sociedad. Leite, consciente de las críticas, afirma que la ley está diseñada para mejorar la transparencia y el control, aunque sus palabras reflejan una preocupación por el papel crítico que muchas de estas organizaciones han adoptado en los últimos tiempos. Para varios analistas, las afirmaciones de Leite revelan un intento de deslegitimar y silenciar a aquellas ONG que han manifestado posturas críticas hacia el gobierno.

La narrativa que se ha comenzado a tejer en torno a los «oenegeros» ha generado una imagen negativa hacia estas organizaciones y sus líderes. Esto se observa en las palabras de Leite, donde el uso del término “oenegero” refleja un desprecio que podría influir en la percepción pública y encaminar acciones hostiles contra la legitimidad de estas entidades. Sin embargo, la realidad es que muchas ONG operan con total transparencia y están sujetas a controles estatales rigurosos.

Además, el senador Dionisio Amarilla ha indicado que se utilizará al Poder Judicial para obligar a las ONG a entregar la información que se les requiera, lo que muchos consideran un posible abuso de poder. En la actualidad, el caso de «Juntos por la Educación» es emblemático. La organización ha presentado una extensa documentación relacionada con la utilización de fondos de cooperación, pero se ha negado a divulgar información confidencial sobre las remuneraciones de sus empleados. Este conflicto de intereses ha planteado dudas sobre la legitimidad de las demandas de la CBI.

Muchos críticos sostienen que el objetivo de la nueva ley no es mejorar la transparencia, sino más bien instalar una narrativa desfavorable hacia las ONG, que han cumplido un rol esencial en el control del gasto público. La insinuación de que determinadas ONG podrían estar efectivamente implicadas en actividades ilícitas, como lavado de dinero, resulta infundada y puede considerarse una estrategia de desinformación. En este sentido, más allá de la retórica oficialista, lo que está en juego es la libertad de asociación y el respeto por la sociedad civil, que es un pilar fundamental de la democracia.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, ha expresado que este tipo de legislación no es una prioridad en el actual contexto nacional, y tanto él como el presidente de la República, Santiago Peña, han insinuado que se trata de un tema que debería ser relegado. No obstante, la presión ejercida desde el sector oficial hacia las ONG continúa creciendo, lo que genera temor entre quienes ven su labor como indispensable para la vigilancia del Estado.

Finalmente, se plantean dudas sobre el papel de las ONG en la utilización de recursos provenientes de instituciones estatales como Itaipú. A pesar de que la utilización de donaciones es un procedimiento legítimo y regulado, la controversia sugiere que cualquier financiación vinculada a la cooperación internacional podría ser malinterpretada o manipulada para fines políticos. Todo este entramado ha evidenciado la necesidad de defender los espacios de participación ciudadana y garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar libremente, sin ser objeto de persecuciones o manipulaciones políticas.

La situación actual resalta el delicado equilibrio entre la gobernanza efectiva, el control político y el respeto a la libertad de asociación. La defensa de los derechos de las ONG y el fomento de una participación ciudadana activa se presenta como un desafío imprescindible, no solo para proteger a estas organizaciones, sino para fortalecer la propia estructura democrática del país. En este escenario, el futuro de las ONG radica en su habilidad para adaptarse y resistir frente a las adversidades, siempre recordando que su compromiso nunca debe ser menospreciado ni relegado a un plano secundario en el debate político nacional.