Senado establece juzgados de violencia contra la mujer y eleva alcohol en naftas
El Senado aprobó un proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer, una iniciativa que plantea nuevas esperanzas en la lucha contra este flagelo en el país. La medida, que busca establecer un sistema judicial más eficiente, fue aprobada en una sesión marcada por el fervor legislativo y el compromiso social.
Los juzgados estarán ubicados en Asunción, así como en las cabeceras departamentales y las ciudades con mayores índices de violencia de género. La iniciativa ahora espera ser debatida en la Cámara de Diputados, donde se anticipa que generará un intenso diálogo entre las diferentes fuerzas políticas. Este proyecto es considerado un avance crucial en la búsqueda de justicia y protección para las mujeres víctimas de violencia, una problemática que ha cobrado demasiadas vidas y ha dejado profundas huellas en la sociedad.
La senadora Lilian Samaniego, una de las impulsoras de la iniciativa, expresó su preocupación por el alto número de denuncias registradas en el país. Según datos oficiales, el departamento Central concentra el 42% de los casos de violencia, mientras que otros departamentos como Alto Paraná, Amambay, y Canindeyú representan un 9.5% cada uno. La senadora recordó que, entre enero y agosto de 2024, se registraron 21.320 denuncias en los juzgados de Paz, destacando que Central contabiliza 8,271 de estos incidentes. Esta situación subraya la urgencia de establecer un sistema judicial especializado y capacitado en este tipo de delitos.
Además, la propuesta de creación de estos juzgados se da en un contexto alarmante, donde entre 2019 y 2023 se reportaron 188 feminicidios y 349 niños quedaron huérfanos a causa de la violencia de género. En lo que va de 2024, ya se han contabilizado 21 víctimas, lo que hace que la implementación de estos tribunales sea ahora más relevante que nunca. La legisladora Samaniego destacó la necesidad de actuar de manera decidida para brindar a las víctimas un espacio seguro y eficiente donde buscar justicia.
El proyecto también incluye la capacitación de jueces y equipos multidisciplinarios, quienes recibirán formación específica para abordar de forma adecuada la complejidad de los casos de violencia contra la mujer. Esta capacitación es fundamental para que los profesionales no solo comprendan el contexto social y emocional que rodea a estas situaciones, sino que también puedan garantizar que los procesos judiciales sean más ágiles y menos traumáticos para las víctimas.
Sin embargo, la sesión del Senado no estuvo exenta de controversias. Durante el debate, se criticó la postura de la senadora Lizarella Valiente, quien apoyó un pedido de postergación del proyecto, lo cual desató una serie de reacciones en el pleno. Además, Samaniego resaltó el trabajo de la exsenadora Desirée Masi, quien ha sido una firme defensora de los derechos de la mujer y una voz activa en la lucha contra la violencia de género.
El marco legislativo que busca implementarse es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno y organizaciones de derechos humanos que trabajan para erradicar la violencia en todas sus formas. Se espera que la Cámara de Diputados examine este proyecto con la seriedad que merece, considerando los preocupantes índices de violencia que afectan a la población femenina.
En paralelo a este debate legal y social, el Senado también abordó otros temas, como las modificaciones a leyes que afectan a la industria del alcohol y la situación vial en la Ruta PY07. Se rechazó un proyecto que pretendía exonerar del peaje a ciudadanos de San Bernardino, Altos y Nueva Colombia, lo que evidenció la tensión existente entre las iniciativas relacionadas con el bienestar social y las preocupaciones económicas de diferentes sectores.
La aprobación de este proyecto de ley es, sin duda, un paso significativo hacia la creación de un sistema judicial más sensible y comprometido con la realidad de las mujeres en el país. Las expectativas son altas, y la sociedad civil espera que estas medidas se traduzcan en un verdadero cambio en la forma en que se trata la violencia de género en el contexto judicial y social.
Con la esperanza puesta en la ratificación del proyecto en la Cámara de Diputados, se inicia una nueva etapa en la lucha contra la violencia de género en el país. La creación de juzgados especializados representa una oportunidad para reconstruir la confianza en el sistema judicial y garantizar que aquellas que han sido víctimas de violencia encuentren un camino eficaz hacia la justicia. La presión social y el activismo por los derechos de las mujeres han jugado un papel crucial en la materialización de este proyecto, y será fundamental continuar con esta lucha para concretar un cambio significativo en la realidad de muchas mujeres afectadas por este flagelo.