Sánchez y Ayuso discuten sobre la memoria democrática en Madrid
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado un firme rechazo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una resolución que declara la Real Casa de Correos como un lugar de memoria democrática. Esta decisión del Gobierno central busca recordar los horrores que ocurrieron en el edificio durante la dictadura franquista, donde se practicaron detenciones y torturas.
La resolución emitida por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno español incluye la intención de preservar la memoria de las víctimas del franquismo, describiendo la Real Casa de Correos como un «símbolo de la represión». En este contexto, se subraya que miles de personas fueron sometidas a interrogatorios y torturas en sus instalaciones, lo que ha generado una fuerte controversia en el ámbito político regional.
En respuesta, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que el edificio tiene una historia más amplia, señalando que anteriormente albergó el Ministerio del Interior de la Segunda República. Este argumento fue llevado hasta el extremo por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien consideró que Madrid está «plagada de edificios» con un pasado problemático, y cuestionó la necesidad de colocar placas conmemorativas en todos ellos.
El rechazo del Gobierno madrileño no es nuevo; en mayo, se opuso a la instalación de una placa conmemorativa propuesta por Nino Olmeda, un periodista que fue detenido durante la dictadura. Olmeda enfatizó el sufrimiento asociado con el edificio, pero la Administración regional insistió en que solo se deberían exhibir placas que «unieran» a la ciudadanía. Los únicos honores en la sede gubernamental están destinados a reconocer a los héroes del 2 de mayo y a rendir tributo a las víctimas de otros eventos trágicos, como el atentado del 11-M y la pandemia de COVID-19.
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, también se manifestó este jueves en contra de vincular la Real Casa de Correos con su legado franquista. En una declaración, afirmó que la ley de memoria democrática se utilizaba de forma «tortuosa» y con fines políticos para atacar a la presidenta Ayuso. Asimismo, de Paco subrayó el apoyo de su Gobierno a las víctimas de totalitarismos, argumentando que la historia del edificio es compleja y abarca eventos más allá de su función durante la dictadura.
La controversia se agrava con la crítica del ministro hacia el reconocimiento de Vicente Aleixandre como víctima del franquismo, sugiriendo que el Gobierno de España instrumentaliza la cultura. Defendió que, si realmente se busca honrar al premiado poeta, sería más apropiado adquirir su antiguo domicilio y preservar su legado literario, en lugar de realizar actos simbólicos que considera vacíos.
El miércoles, las tensiones políticas se intensificaron cuando la Comisión de Constitución del Congreso votó a favor de reconocer también la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Esta medida, impulsada por la coalición Sumar y respaldada por Más País, fue rechazada por las fuerzas de derecha, incluyendo el PP y Vox, lo que subraya las divisiones ideológicas en torno a la memoria histórica en España.
La resolución del Gobierno central que cataliza la controversia destaca el papel del edificio en la vigilancia y represión de adversarios políticos durante el franquismo. Este documento enfatiza que las prácticas de tortura eran sistemáticas y contrarias a los derechos humanos, describiendo a la Real Casa de Correos como un símbolo del terrorismo de Estado, una referencia a brutalidad y sufrimiento que no puede ser ignorada.
Otras medidas postas en el BOE también están relacionadas con espacios significativos en Madrid, como la antigua prisión de Carabanchel y el muro del cementerio de la Almudena, donde fueron fusiladas las Trece Rosas, un emblemático grupo de mujeres que resistió al régimen. Estas acciones están en línea con la Ley de Memoria Democrática de 2022, que busca establecer espacios que honren la lucha por derechos y libertades, y que reconozcan la violencia sufrida por la población a causa de la represión franquista que ha marcado, y aún sigue marcando, la historia reciente de España.
El debate sobre el reconocimiento de estos lugares continúa dividiendo a la sociedad española, mostrando la complicada relación del país con su pasado y las distintas interpretaciones de la memoria histórica en un contexto político cada vez más polarizado. Las decisiones que tomen los gobiernos regionales y centrales en este ámbito serán fundamentales para cómo las generaciones futuras perciban la historia y la búsqueda de justicia y verdad por las heridas del pasado.
