Rolón establece unidades para extradiciones, atención a pueblos indígenas y representación social

El Ministerio Público ha anunciado cambios significativos en su estructura organizativa. La reciente resolución del fiscal general, Emiliano Rolón, introduce nuevas fiscalías y reestructura la asignación de fiscales adjuntos en todo el país.

Con la creación de la nueva Fiscalía Adjunta de Intereses Difusos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establece un enfoque renovado hacia la defensa de los derechos de estos grupos vulnerables. La fiscal adjunta Nancy Graciela Salomón Marín, quien anteriormente se desempeñaba en la Unidad Especializada en Derechos Humanos, estará a cargo de esta importante área. Esta decisión refleja la intención de la institución de fortalecer la protección de los derechos humanos en Paraguay. La resolución FGE N° 4058 que marca esta creación comenzará a regir a partir del próximo 14 de octubre.

En un cambio relacionado, Rolón ha decidido suprimir la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa, un movimiento que habla de la reorientación de las prioridades del Ministerio. La nueva unidad especializada asumirá las funciones que previamente eran responsabilidad de esta dirección, que estaba bajo la supervisión de Manuel Doldán hasta el pasado martes. Doldán, a su vez, tiene la tarea de elaborar un informe sobre los casos y expedientes que fueron tramitados bajo la dependencia ahora disuelta.

Además, la redistribución de funciones entre los fiscales adjuntos es un aspecto crucial de la organización reformada. Rolón ha nombrado a varios fiscales adjuntos a diferentes áreas del país, asignando responsabilidades específicas a cada uno. Por ejemplo, Augusto Salas Coronel será el encargado del Área I en Asunción, mientras que Natalia Beatriz Fúster Careaga liderará el Área IV en el departamento de Guairá.

El propósito de estas modificaciones es mejorar la eficacia y la gestión del Ministerio Público. La reasignación de fiscales no solo apunta a optimizar el funcionamiento de las fiscalías, sino también a garantizar que las regiones del país cuenten con una adecuada representación legal. Con la creación de áreas específicas encargadas de distintos departamentos, el Ministerio busca acercar sus servicios a la ciudadanía, atendiendo así a los intereses de todos los paraguayos.

La Constitución Nacional y la Ley N° 1562 “Orgánica del Ministerio Público” otorgan un marco legal para estas decisiones administrativas. Según el artículo 264 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura es responsable de la designación de fiscales, mientras que los fiscales adjuntos tienen un rol fundamental en el funcionamiento de las áreas específicas a su cargo, vigilando y supervisando el trabajo realizado en las distintas fiscalías. El artículo 55 de la misma ley establece que los fiscales adjuntos son responsables del buen funcionamiento de sus áreas y deben actuar bajo la supervisión del fiscal general.

Con la reciente reestructura, el Ministerio Público busca no solo adaptarse a las necesidades actuales del país, sino también promover una mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento. Las nuevas asignaciones y la eliminación de estructuras obsoletas son pasos importantes hacia una justicia más accesible y efectiva para todos los ciudadanos, especialmente para grupos que históricamente han enfrentado desafíos en la defensa de sus derechos.

Los cambios implementados por Emiliano Rolón marcan un hito en la gestión actual del Ministerio Público, y se espera que con su correcta ejecución, estas reformas ayuden a consolidar una administración que responda de manera más efectiva a las necesidades de la población. Con una dirección más clara y fiscalías bien estructuradas, el ente fiscal tiene la oportunidad de mejorar sustancialmente su operatividad y su impacto en la sociedad paraguaya.