Policías que custodian inmueble desalojado son denunciados por realizar disparos al aire

Un conflicto entre un grupo de personas desalojadas y la Policía Nacional se desarrolla en el distrito de Bella Vista Norte, Amambay, donde los ciudadanos denuncian prácticas de tiro en un inmueble en disputa.

Tras el desalojo de un predio en la zona conocida como Tres Antenas, los afectados han denunciado la presencia continuada de varios agentes de la Policía Nacional. Según ellos, los policías no solo resguardan el lugar, sino que también están realizando entrenamientos de tiro en cercanía a donde se encuentran las personas desalojadas. Esta situación ha generado preocupación entre los denunciantes por las implicaciones que tiene, especialmente por la seguridad de los niños y otras personas que permanecen en el área.

Un portavoz del grupo de desalojados, identificado como Espínola, expresó su indignación ante el despliegue policial que ha incluido vehículos blindados. “Ya consiguieron sacarnos del terreno y nos dejaron prácticamente sin nada, y creo que no corresponde que los policías vengan con sus blindados a custodiar el predio”, comentó. Además, enfatizó que las prácticas de tiro se realizan a escasos metros de donde ellos se encuentran, lo que provoca una sensación de desamparo y peligro inminente.

Los afectados han compartido videos que documentan estas prácticas, señalando que esta estrategia es una forma de intimidación por parte de las autoridades. Espínola argumenta que el uso de armas de fuego en un contexto tan cercano a un grupo de personas vulnerables no solo es cuestionable desde una perspectiva legal, sino que también es peligrosamente irresponsable. “Con esa actitud, ponen en peligro a mucha gente, incluso a niños, quienes permanecen en el sitio por no tener un lugar adonde ir”, agregó.

En este contexto, Espínola expresó su desconfianza respecto a la legitimidad de los supuestos propietarios del inmueble. Aunque no se considera un experto en cuestiones legales, ha manifestado que hay indicios que sugieren que quienes afirman poseer el terreno carecen de títulos de propiedad válidos. “Nunca hemos sido molestados desde que ocupamos la propiedad, y llamativamente, ahora dicen que supuestamente es una propiedad privada”, señaló. Esta afirmación subraya la complejidad y las contradicciones que rodean el caso.

Los desalojos son un tema recurrente en Paraguay y a menudo implican una serie de tensiones entre grupos en situación de vulnerabilidad y las autoridades encargadas de mantener el orden. Esta situación en Bella Vista Norte no es una excepción, y refleja la situación general en muchas zonas del país donde el acceso a la tierra se ha convertido en un punto crítico de conflicto social.

La administración de conflictos de tierras requiere un enfoque que fomente el diálogo entre las partes involucradas y una mediación que busque soluciones equitativas y duraderas. Sin embargo, en este caso, la represión que promueve la presencia policial puede agravar aún más la situación. Desalojar familias sin brindar soluciones habitacionales efectivas puede conducir a un ciclo de pobreza y marginalización, afectando a quienes ya se encuentran en condiciones difíciles.

En respuesta a las denuncias, la Policía Nacional no ha emitido comentarios públicos sobre las acusaciones de los desalojados ni sobre las prácticas de tiro llevadas a cabo en el predio. La falta de respuestas claras de las autoridades no sólo intensifica la incomodidad entre los afectados, sino que también despierta dudas sobre la transparencia y el uso de la fuerza en este tipo de situaciones. La comunidad espera que las autoridades intervengan de manera adecuada para garantizar la seguridad y los derechos de todas las partes involucradas en este conflicto.

El contexto socioeconómico actual en Paraguay hace que este tipo de situaciones sean cada vez más delicadas, especialmente en áreas rurales y periurbanas donde el acceso a la tierra y la vivienda es un tema candente. La atención de las autoridades ante tales conflictos es crucial para encontrar un balance entre la legalidad y el bienestar social, y así evitar que la tensión se convierta en violencia.