Peña no descarta prohibir ley anti-ONG para prevenir posibles inconstitucionalidades.

El presidente de la República, Santiago Peña, cuestionó el avance de la controvertida ley contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Paraguay, sugiriendo que podría no prosperar.

En una reciente declaración, Peña expresó su preocupación sobre el impacto que esta legislación podría tener en la percepción internacional de Paraguay, especialmente en relación a la obtención del grado de inversión por parte de la calificadora Fitch Ratings. El mandatario subrayó que no desea que una ley promulgada por su gobierno sea objeto de controversias legales, ya que una declaración de inconstitucionalidad podría afectar negativamente la imagen del país.

El presidente mencionó que la calificadora Fitch Ratings ha expuesto ciertas inquietudes respecto a la situación normativa en Paraguay, reconociendo que hay aspectos que les preocupan, pero también otros que valoran positivamente. «Nosotros estamos evaluando la situación en torno a la ley contra ONG. No queremos que una decisión del Congreso revierta nuestro esfuerzo por mejorar la calidad de la inversión en el país», afirmó Peña.

Desde su asunción, la administración de Peña ha estado trabajando en una serie de reformas e iniciativas que buscan posicionar a Paraguay en un lugar más favorable en el ámbito económico global. Sin embargo, este proyecto de ley ha generado indignación entre diferentes sectores de la sociedad, que ven en él una amenaza a la libertad de expresión y un intento de limitar las actividades de las ONG que operan en el país.

Entre las críticas, destaca el papel de los medios de comunicación, que el presidente descartó como fuentes confiables en la presentación de la realidad nacional. Peña argumentó que es decepcionante que se utilicen plataformas periodísticas para «engañar a la gente». En un tono de franqueza y determinación, enfatizó la necesidad de enfrentar los nuevos desafíos con enfoques y herramientas modernas, en lugar de métodos obsoletos que no se corresponderían con la actual democracia.

La agenda del presidente incluyó este jueves una serie de actividades oficiales, que van desde la entrega de aportes a comunidades hasta inauguraciones de obras. Peña se ha propuesto un estilo activo de gobernar que le permita conectarse más con la ciudadanía, y su discurso en torno a la ley contra ONG es parte de una estrategia más amplia para gestionar la percepción pública de su gestión.

Además, la ley contra las ONG ha desatado un intenso debate en el ámbito político y social. Los opositores al proyecto argumentan que limitar la acción de estas organizaciones podría tener un efecto devastador en la protección de los derechos humanos y la respuesta a crisis sociales y económicas. La preocupación es que la legislación, si se aprueba en su forma actual, pueda ser utilizada para silenciar a voces críticas y restringir las actividades de quienes cobran vida de la ayuda internacional.

Por otro lado, el presidente Peña se enfrenta a un ambiente polarizado en el que la gestión del gobierno es constantemente evaluada bajo múltiples prismas. Algunos sectores consideran que el impulso legislativo a favor de restricciones a las ONG responde a un agenda más amplia de control social y político. Esa percepción, a su vez, puede crear un obstáculo en las relaciones del país con la comunidad internacional y afectar las inversiones extranjeras.

El panorama para el presidente se presenta complejo. De un lado, la necesidad de presentar una imagen solida y reformista ante las instituciones financieras. Del otro, la creciente presión de la sociedad civil y de las organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos, que ven en la ley un retroceso en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el país.