Paraguarí: exfuncionaria se niega a eliminar publicaciones de Facebook ordenadas por juez

En un controversial fallo judicial en Paraguay, una exfuncionaria de la Gobernación de Paraguarí, Diana Patricia Meza, se ha negado a eliminar publicaciones de su cuenta de Facebook, a pesar de la orden emitida por el juez de Paz Óscar Villalba. La medida surge tras denuncias de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, quien alega que Meza publicó contenido ofensivo que compromete su honor y reputación.

Meza argumenta que la decisión judicial atenta contra su libertad de expresión, garantizada por la Constitución Nacional en su artículo 26. Este artículo establece el derecho de todas las personas a expresar y difundir su pensamiento sin censura alguna, y a utilizar cualquier medio lícito para tal fin. Según su perspectiva, el fallo del juez pone en riesgo este derecho fundamental, generado una polarización en la opinión pública.

La exfuncionaria sostiene que, en ningún momento, mencionó directamente a la gobernadora en sus publicaciones, y denuncia que su desvinculación de la Gobernación, luego de siete años de servicio, fue una decisión injustificada. Asegura que fue advertida por sus superiores sobre el tipo de contenido que debía evitar en sus redes sociales, culminando en su despido el 2 de octubre pasado. Además, declaró sentirse acosada y hostigada por la gobernadora, quien le envió a una escribana para que verificara sus afirmaciones en la red social.

En respuesta a la situación, el juez Villalba aclaró que su orden se centraba en eliminar solo las publicaciones consideradas agraviantes hacia la gobernadora, y no en eliminar la cuenta de Meza. Según el magistrado, el fallo tiene como objetivo preservar la imagen y dignidad de Zárate de Monges, pero no censura las críticas sobre la gestión departamental que Meza pueda realizar.

El juez enfatizó que las críticas hacia la gestión del gobierno no son parte de su resolución, y que si la gobernadora siente que sus derechos han sido vulnerados por tales comentarios, debería presentar una denuncia ante el Juzgado Penal por difamación y calumnias, ya que esas son cuestiones judiciales que quedan fuera de su alcance. Además, Villalba explicó que está bajo investigación la violencia telemática a la que se refiere la Ley de Protección a la Mujer, permitiendo a los Juzgados de Paz atender denuncias sobre este tipo de violencia.

Por su parte, la gobernadora Zárate de Monges se defendió al afirmar que su denuncia responde a ataques que afectan su condición como mujer y no a cuestiones administrativas. Se percibe un trasfondo de problemas de género, donde la mandataria sostiene que las publicaciones de Meza incluyen comentarios humillantes y referencias a su vida personal que comprometen no solo su reputación, sino también la de su familia.

Zárate de Monges reiteró que no se trata de censura, sino de la necesidad de proteger su dignidad frente a un discurso que considera difamatorio. La gobernadora también dejó claro que está dispuesta a presentar una querella formal por difamación contra Meza, lo que podría intensificar aún más el conflicto y presentar un desafío legal en curso.

Con esta compleja situación en el horizonte, lo que se vislumbra es un debate más amplio sobre la libertad de expresión en las redes sociales en Paraguay, así como la manera en que esta se cruza con la protección de la dignidad e integridad de las figuras públicas. A medida que la sociedad paraguaya se enfrenta a estos dilemas, el caso podría sentar un precedente crítico sobre cómo se manejan las críticas y los comentarios en el espacio digital, especialmente en un entorno cada vez más polarizado y cargado de tensiones políticas.

La controversia ha captado la atención de diversos sectores de la población y de medios de comunicación, reflejando una creciente sensibilidad en torno a la violencia de género y el uso de las plataformas sociales para la crítica política. Al mismo tiempo, la figura del juez Villalba se ha vuelto objeto de debate, con numerosos cuestionamientos sobre su fallo y la interpretación que hizo de la ley.

A medida que el caso avanza, y con las declaraciones de ambas partes en el limbo, la comunidad espera ansiosa el desenlace de esta disputa jurídica que toca aspectos esenciales como la libertad de expresión, la protección de la mujer y la responsabilidad en el uso de plataformas digitales. Sin duda, este episodio sigue generando un diálogo necesario sobre los límites y las responsabilidades que conllevan las expresiones en una era cada vez más digital.