Los datos revelan fallos en la política antidrogas de Petro.

Colombia enfrenta un dilema en la lucha contra las drogas mientras los cultivos de coca aumentan

Colombia se encuentra en una encrucijada en su política de drogas, marcada por un notable aumento en la producción de coca y decisiones gubernamentales contradictorias. La situación se torna crítica a raíz de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que revela que los cultivos de coca en el país crecieron un 10% en 2023. Ante esta alarmante realidad, el Ministro de Justicia anunció la reactivación de las fumigaciones controladas, aunque el presidente Gustavo Petro propuso una estrategia poco convencional: comprar coca a los agricultores de 12,600 hectáreas en el Cañón del Micay.

Esta dualidad en la estrategia de la administración de Petro refleja la tensión inherente en su enfoque hacia las drogas, una piedra angular de su agenda progresista desde su época como senador. Durante su mandato, ha abogado por dejar atrás la prohibición de cultivos y consumo, proponiendo una regulación estatal. El presidente presentó su nueva política antidrogas, cuyo objetivo es asfixiar a los narcotraficantes, mientras otorga "oxígeno" a los productores más vulnerables dentro de la cadena de valor.

Sin embargo, los resultados del gobierno hasta la fecha no han sido alentadores. El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) informó que al cierre de 2023, Colombia tenía 23,000 hectáreas más de cultivos de coca que el año anterior. Esta tendencia de crecimiento ha sido consistente desde 2013, tras un descenso atípico durante el periodo pandémico de 2020. No solo el área cultivada ha aumentado, sino que la producción potencial de cocaína también se disparó un 53%, alcanzando 2,664 toneladas de clorhidrato de cocaína pura, un nivel que duplica el registrado hace cinco años.

Expertos en materias relacionadas con drogas, como Luis Felipe Cruz de la organización Dejusticia, subrayan que el incremento en la producción se debe a un "motor de innovación" en el mercado ilegal, donde los agricultores buscan maximizar sus beneficios. Este fenómeno se traduce en un aumento en la densidad de cultivos, lo que significa que más plantas son sembradas en cada hectárea. A pesar de una aparente coherencia en las cifras, hay discrepancias notables que alimentan la preocupación acerca de la política antidrogas vigente.

La situación se complica aún más cuando se considera la crisis de precios de la coca que ha afectado a los cultivadores durante los últimos dos años. En Nariño, el departamento más afectado, el precio de la hoja de coca se desplomó, pasando de 30,000 pesos colombianos (7 dólares) la arroba a menos de 8,000 pesos (1.8 dólares). Esto indica que, aunque hay más cultivos, el ingreso para los agricultores ha menguado, forzándolos a adaptarse a un mercado en constante fluctuación.

A nivel gubernamental, la administración de Petro ha establecido que su estrategia se enfoca en la interdicción, es decir, en la lucha contra la exportación de cocaína. Este modelo busca no estigmatizar a los agricultores empobrecidos, sino perseguir a los poderosos narcotraficantes. En este contexto, el Ministerio de Defensa destacó que las incautaciones de cocaína alcanzaron las 739.5 toneladas en 2023, un aumento respecto a las 659 toneladas del año anterior. Sin embargo, expertos como Estefanía Ciro advierten que este dato no es tan optimista como parece; un mayor volumen de incautaciones implica igualmente un aumento en la producción.

La afectados por el aumento en la producción de coca son evidentes, y los profesionales advierten que, aunque es prematuro hacer un balance exhaustivo de las políticas antidrogas del gobierno de Petro, el enfoque en la sustitución voluntaria de cultivos parece no estar dando resultados. En el Cañón del Micay, donde se anunció la compra estatal de hoja de coca, se contempla además la sustitución por cultivos de café. No obstante, expertos como María Clara Torres consideran esta estrategia inviable. El café requiere tres años para producir cosechas, lo que significa que los agricultores no verán resultados hasta el mandato de un próximo presidente.

A la dificultad de implementar cambios eficaces se suma la necesidad de modificar leyes y el Código Penal para promover un nuevo paradigma en la política antidrogas. Con el Congreso en la oposición, la agenda del presidente Gustavo Petro enfrenta un considerable desafío, dificultando la posibilidad de materializar su compromiso político. En un contexto donde los cultivos de coca siguen proliferando, la complejidad del problema continúa creciendo y pone en tela de juicio las alternativas propuestas por el gobierno colombiano para abordar esta crisis de drogas.

Sin embargo, el futuro de la política antidrogas en Colombia dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para equilibrar la represión del narcotráfico con el apoyo a los agricultores que viven del cultivo de coca, en un entorno donde la lucha contra las drogas sigue siendo una de las problemáticas más complejas y críticas del país.