Ley anti-ONG podría fomentar «acoso» y poner en riesgo la democracia, advierten.

Una nueva propuesta legislativa que busca regular a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país ha generado una intensa controversia, suscitando preocupaciones sobre su impacto en la democracia y las libertades civiles.

El abogado Manuel Riera y el politólogo José Tomás Sánchez, expertos en derecho y ciencias sociales, han expresado críticas contundentes respecto a este proyecto que ha avanzado en el Congreso. Durante una reciente participación en el programa “Plaza Pública Dende”, ambos especialistas advirtieron que las intenciones detrás de la regulación a las ONG podrían dar pie a prácticas antidemocráticas, además de evidenciar «vicios de inconstitucionalidad».

Riera y Sánchez analizan que la propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, tiene el potencial de convertirse en una herramienta de “acoso” y control hacia aquellas organizaciones que critican al gobierno. Riera enfatiza que las sanciones que se plantean podrían dejar a muchas personas sin posibilidad de ejercer cargos públicos, creando un ambiente de miedo y autocensura.

Este clima de temor, según los analistas, podría derivar en un debilitamiento de las libertades civiles en el país. Riera argumenta que la legislación, de prosperar, podría propiciar un aumento de la represión contra quienes ejerzan la crítica política, poniendo en riesgo la pluralidad de opiniones y el libre ejercicio de la sociedad civil.

Respecto a la Comisión Bicameral encargada de investigar presuntos casos de lavado de activos que involucran a estas organizaciones, Riera señala que, hasta el momento, no existe claridad sobre los objetivos de la misma. “No se explica qué se busca investigar; parece ser una carta blanca para actuar de manera arbitraria”, subrayó, enfatizando la falta de transparencia que caracteriza al proyecto de ley.

Además, ambos panelistas han criticado la ambigüedad que rodea a la propuesta, alertando sobre el peligro que representa para una amplia variedad de organizaciones, desde pequeñas agrupaciones vecinales hasta grandes ONG. La incertidumbre generada por estas normas también podría conducir, según Riera, a un uso indebido de esta legislación como un instrumento de control político.

El proyecto no solo establece un marco de control, sino que impone múltiples obstáculos y condiciones que complicarían la capacidad de asociación de los ciudadanos. Riera estima que la implementación de multas y sanciones, en un contexto de mayores exigencias administrativas, serviría para amedrentar a los individuos que deseen participar en el debate de temas de interés público.

La discusión sobre este proyecto de ley ha desatado un amplio debate en la sociedad, donde diversas organizaciones y ciudadanos han alzado la voz para manifestar su preocupación. En este sentido, la legislación plantea cuestionamientos fundamentales sobre el papel de las ONG en una democracia, el derecho a la asociación y la libertad de expresión.

En conclusión, el análisis de Riera y Sánchez refleja una creciente inquietud sobre la tendencia del Estado hacia un mayor control sobre las organizaciones de la sociedad civil. La propuesta legislativa busca regular a las ONG bajo supuestos fines de transparencia y lucha contra el lavado de activos, pero muchos expertos advierten que podría tener consecuencias adversas para el ejercicio de los derechos democráticos. Este tema, sin duda, seguirá en el foco de atención tanto en el Congreso como en la opinión pública en los próximos días.