La ONU prolonga investigación sobre derechos humanos en Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha renovado su misión de investigación en Venezuela, desatando tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza vehementemente la resolución.
El viernes pasado, el mencionado consejo aprobó la extensión del mandato de la misión por dos años, destacando la preocupante situación de derechos humanos en el país. Según el último informe presentado por el organismo, las autoridades venezolanas han intensificado patrones de tortura, detenciones arbitrarias y persecuciones hacia opositores. En particular, se documentaron violaciones graves durante las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio, incluyendo el encarcelamiento y tortura de menores, lo que ha generado alarma internacional.
La resolución del Consejo no solo describe la crisis humanitaria que ha llevado a casi ocho millones de venezolanos a abandonar el país, sino que también refleja que más de 7,6 millones de personas dentro de Venezuela requieren asistencia humanitaria. Además, advierte sobre el deterioro progresivo de las libertades democráticas en el país, subrayando que el número de presos políticos se ha sextuplicado en el periodo posterior a las elecciones de julio.
El documento insta a las autoridades venezolanas a poner fin a todas las formas de hostigamiento contra líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, así como a cesar el cierre de medios de comunicación y las violaciones digitales. Este llamado a la acción evidencia la creciente preocupación global sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, un asunto que ha traído consigo la urgencia de un enfoque más activo por parte de la comunidad internacional.
La respuesta del gobierno de Maduro ha sido vehemente. A través de un comunicado oficial, la Cancillería calificó la decisión del Consejo de “un despreciable error” que ignora la situación real en el país. La resolución fue aprobada con 23 votos a favor y 6 en contra, con notables respaldos de naciones aliadas como China y Cuba, lo que evidencia el complejo entramado político que rodea la cuestión. La creciente insistencia en el seguimiento de la crisis por parte de la comunidad internacional es considerada por los defensores de derechos humanos como un triunfo para las víctimas de violaciones en el país.
El informe de la misión de la ONU señala que las autoridades han adoptado medidas represivas más severas contra cualquier disidencia desde las elecciones de julio. La misión ha indicado que el gobierno ha emprendido «acciones conscientemente planificadas» para desmantelar la oposición y limitar la difusión de información que contradiga su narrativa, así como para reprimir manifestaciones pacíficas.
Los miembros del Consejo de Derechos Humanos manifestaron su alarma por el evidente incremento en las violaciones a los derechos humanos y la eachra del espacio cívico y democrático en Venezuela. Las denuncias incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y agresiones por parte de grupos armados afines al gobierno, hechos que revelan una situación alarmante que requiere atención inmediata de la comunidad internacional.
La resolución también solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que continúe sus esfuerzos en el país, esto a pesar de los desafíos impuestos por el gobierno, que en febrero pasado expulsó a 13 funcionarios en respuesta a la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel. El enfado de las autoridades condujo a una escalada de tensiones que ha debilitado las relaciones de Venezuela con la ONU, pero que también ha enfatizado la atención sobre los derechos humanos en la región.
La ONG Acceso a la Justicia destacó que, a pesar de los intentos del gobierno por modificar la resolución, el apoyo amplio a la misma demuestra su relevancia para la situación actual en Venezuela. La organización subrayó que el enfoque de la comunidad internacional sobre la crisis ayuda a los ciudadanos venezolanos a ser escuchados y documentados en sus denuncias de abusos. La resolución, lejos de ser un mero documento, representa un compromiso por parte de la comunidad internacional para abordar la crisis de derechos humanos en el país sudamericano.
