Investigación revela delitos de funerarios por lucro con cadáveres

Cuatro personas son procesadas en España por lucrarse con cadáveres donados a la ciencia

Valencia, España – Cuatro individuos han sido procesados por un juez en Valencia, sospechosos de haber creado una trama desde una empresa funeraria para obtener beneficios económicos ilícitos a costa de cadáveres donados a la ciencia. La decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 pone de manifiesto la gravedad de los delitos que se les imputan, que incluyen estafa y falsificación de documentos públicos y privados.

Las evidencias apuntan a que la conspiración operaba de dos maneras distintas. En uno de los casos, se descubrió que los acusados presuntamente falsificaron un documento que indicaba que un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2002, había donado su cuerpo a la investigación. Según el juez, la funeraria recogió el cuerpo en el Hospital La Fe de Valencia y lo trasladó a una universidad privada, lo que se realizó sin el consentimiento adecuado para su utilización. Además, existen serias dudas sobre la autenticidad de los documentos de donación.

La situación se complica aún más al considerar que la funeraria cobró por Cremaciones que nunca se llevaron a cabo. Tras la investigación, se determinó que no se realizaron las siete cremaciones correspondientes a los cuerpos después de su uso para fines académicos, lo que implica el uso inadecuado de los hornos crematorios, donde se habrían incinerado más de un cadáver a la vez. Esto plantea cuestiones éticas y legales sobre el tratamiento de los restos humanos y el respeto debido a los fallecidos.

El juez indicó que esta trama resultó en un "enriquecimiento injusto" por parte de los acusados, perjudicando a instituciones académicas como la Universidad CEU y la Facultad de Medicina de Valencia, que fueron engañadas en la gestión de los servicios funerarios. La gravedad del asunto radica no solo en la dimensión económica del fraude, sino en la falta de consideración y respeto hacia los cuerpos de las personas que una vez vivieron.

En el transcurso de la investigación, se descubrió que se utilizó un nombre falso para ocultar la identidad de un empleado de la funeraria encargado de recoger los restos mortales. Esta información fue luego presentada de manera fraudulenta al Hospital La Fe y al Registro Civil de Valencia, con la intención de adicionar costos de servicios funerarios que nunca se ejecutaron. Un ejemplo de esto es una factura por 1.331 euros emitida en enero de 2023 que, curiosamente, fue anulada en mayo de ese mismo año.

Las irregularidades no se limitaron a un único caso. La investigación se extendió a los cuerpos de siete fallecidos entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. Las pruebas indican que estos cadáveres fueron cremados de forma engañosa, ya que varios de ellos fueron colocados en un solo ataúd y luego facturados de manera individual. Esta práctica es alarmante, pues evidencia una falta total de ética profesional y respeto hacia los difuntos.

Además, se presentaron facturas a la Facultad de Medicina de otra universidad pública, relacionadas con otros dos casos donde tampoco se verificaron las cremaciones. Este patrón sugiere una operativa sistemática de fraude que podría haber durado años, usando métodos engañosos para lucrarse a expensas de instituciones educativas y, lo más importante, de las personas cuyas identidades fueron manipuladas.

El juez ha afirmado que el supuesto "complot" orquestado por los acusados pretendía simular o falsificar donaciones de cuerpos a la ciencia, simplemente para emitir gastos por servicios funerarios que de otro modo no habrían podido justificar. La corte ha decidido llevar adelante el proceso legal, lo que marca un importante paso hacia la justicia en este caso que ha generado revuelo en la comunidad científica y entre las instituciones académicas.

Las resoluciones del juez determinan el cierre de la fase de instrucción y convocan tanto a la Fiscalía como a los imputados para solicitar la apertura de juicio oral. La complejidad de la situación también permite que los acusados y la parte fiscal puedan presentar recursos ante el mismo juzgado o ante la Audiencia Provincial, lo que podría extender aún más el proceso judicial en torno a este escandaloso caso.

Este evento subraya la necesidad de una mayor regulación y vigilancia sobre las prácticas funerarias y la gestión de cuerpos humanos donados a la investigación, asegurando que se manejen con el respeto y la dignidad que merecen. La comunidad académica y el público en general esperan que este caso sentencie un precedente que garantice la integridad de las donaciones y el tratamiento adecuado de los restos humanos en el futuro.