Feministas de Jalisco alertan sobre fraude legal en agresores.

Grupos feministas en Jalisco han levantado su voz en contra de una alarmante estrategia utilizada por algunos hombres acusados de violencia y de no cumplir con sus obligaciones de manutención. Estos presuntos agresores están optando por cambiar su género en el registro civil como mecanismo para evadir la justicia. Esta táctica ha surgido tras la reciente aprobación de la Reforma en Violencia Vicaria, que únicamente reconoce a hombres como agresores en el contexto de violencia contra mujeres.

La situación se ha vuelto aún más compleja debido a que Jalisco, a diferencia de otros estados mexicanos, ha simplificado el proceso de modificación de nombre y género en los documentos oficiales desde la implementación de la Ley de Identidad Trans en 2020. Esta ley, diseñada para proteger los derechos de las personas trans, ahora parece ser utilizada como una herramienta para confundir la responsabilidad legal en casos de violencia de género y de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Andrés Treviño, quien redactó dicha ley, ha reconocido que su intención fue apoyar a la comunidad LGBTQ+, pero advierte que no se previeron las consecuencias que esto podría acarrear.

La indignación ha resonado entre diversas activistas. Renata Villareal, conocida por su firme postura feminista, ha criticado fuertemente la situación, afirmando que los hombres involucrados prefieren “realizar todo tipo de maniobras” antes que cumplir con sus responsabilidades. Por su parte, Diana Luz Vásquez, quien ha sido una ferviente defensora de la Ley Sabina, ha calificado esta práctica como un «fraude procesal». Ellas destacan la urgencia de sanciones más severas para evitar que estos hombres sigan evadiendo sus obligaciones a través de tácticas engañosas.

La Ley Sabina, impulsada por activistas como Luz, busca establecer mecanismos más efectivos para garantizar que los deudores de alimentos cumplan con sus obligaciones. Este proyecto legislativo propone restricciones significativas para aquellos que no realicen sus pagos, incluyendo la imposibilidad de obtener documentos importantes como pasaportes o permisos de conducir. Sin embargo, las reformas existentes parecen no estar siendo suficientes para desincentivar casos de evasión, lo que ha llevado a un clamor por cambios más robustos en la legislación.

Las voces feministas que denuncian esta situación concuerdan en que era predecible que el vacío legal propiciado por la Ley de Identidad Trans generara estos problemas. No obstante, algunos defensores de esta ley afirman que el cambio de género no debería ser un pretexto para eludir responsabilidades. Treviño ha expresado su alarma ante el uso inadecuado de una ley que debería promover derechos, enfatizando que la introducción de cuestiones de identidad de género en el debate de la violencia de género ha suscitado confusión que debe abordarse urgentemente.

Mientras las activistas denuncian esta situación, las instituciones estatales se encuentran bajo presión para actuar. Las reformas necesarias en el marco de la Ley de Violencia Vicaria se han vuelto un tema de debate crucial. Los legisladores enfrentan la tarea de introducir cambios que contrarrestarían el potencial mal uso de la Ley de Identidad Trans, garantizando que quienes intentan eludir sus responsabilidades legales no tengan éxito en sus intentos de manipulación del sistema.

La controversia ha llevado a un intenso debate público sobre los derechos de género y la protección de los menores. Tal conflicto resalta la necesidad de una legislación que contemple no solo los derechos de los individuos trans, sino también la protección de los menores y las víctimas de violencia de género. En este contexto, el papel de las organizaciones feministas es fundamental para guiar a los legisladores en la dirección correcta, asegurando que se implementen medidas que prevengan cualquier tipo de abuso del sistema.

A medida que las organizaciones de defensa de los derechos civiles presionan por un entendimiento más claro y un marco legislativo más sólido, el estado de Jalisco podría estar en el umbral de un cambio significativo. Las negociaciones y debates sobre se espera que avancen en las próximas semanas, y los ojos de activistas y ciudadanos estarán atentos a las acciones del gobierno y del Congreso para asegurar que estas preocupaciones no queden en el olvido.