Diputados discutirán ley anti-ONG como primer punto y buscan reducir su severidad.
La Cámara de Diputados de Paraguay se prepara para una sesión crucial el próximo martes 1 de octubre, centrada en el controvertido proyecto de ley que busca establecer un control más riguroso sobre las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Esta iniciativa, impulsada por el cartismo, ha generado un intensificado debate en el ámbito político nacional.
La diputada Rocío Vallejo, representante del Partido Patria Querida, expresó su confianza en que la coyuntura actual permitirá la llegada de modificaciones al proyecto antes de su análisis, pese a la complicación del feriado que coincide con la sesión de comisiones. Este proyecto ya obtuvo la aprobación en el Senado, lo que añade presión sobre los diputados para proceder con su discusión.
Desde el inicio, el proyecto ha enfrentado críticas. Vallejo subrayó que se percibe una intencionalidad hacia ciertas ONGs, lo que ha llevado a una mayor fiscalización por parte de la nueva comisión de ‘Prevención de lavado de activos’ establecida en el Congreso. La legisladora advirtió que los abusos no pueden justificarse a través de la legislación y que es fundamental mantener un equilibrio en la supervisión sin caer en el excesivo control.
Uno de los puntos álgidos del debate es la supervisión de los recursos privados que reciben estas organizaciones. Vallejo remarcó que es vital asegurar que los fondos, tanto nacionales como internacionales, cumplan con las regulaciones del sistema financiero, que ya exige la verificación del origen de los recursos a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Esta aclaración es relevante dado el contexto actual, donde la transparencia financiera es un tema crítico.
En medio de esta discusión, la diputada también abordó el tema del financiamiento de campañas políticas por parte de actores del narcotráfico, sugiriendo que esta problemática debe ser igualmente considerada. Vallejo destacó la necesidad de un enfoque integral que no solo se limite a las ONGs, sino que también evalúe la procedencia de los fondos que alimentan la política nacional.
Por su parte, Hugo Meza, líder de la bancada colorada B, compartió su preocupación sobre el contenido del proyecto, manifestando que no apoyarán la versión actual proveniente del Senado. Meza destacó que las sanciones y multas contenidas en la propuesta son excesivas, y que muchas de las disposiciones presentan un carácter «brutal». Afirmó que la bancada espera que el Ejecutivo presente reformas que modifiquen lo que consideran un enfoque desproporcionado.
El tiempo para discutir y ajustar el proyecto es limitado, pero las declaraciones de ambos legisladores indican que este será un tema que suscitará un intenso debate en la Cámara de Diputados. La necesidad de hallar un punto de equilibrio entre la regulación de las OSFL y la protección de la sociedad civil se presenta como un desafío mayor para los legisladores, que deberán considerar los múltiples argumentos antes de tomar una decisión definitiva.
Como telón de fondo, el creciente escrutinio de las ONGs y su financiación plantea una serie de interrogantes sobre el futuro de la sociedad civil en Paraguay. La discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas queda en el centro del debate político nacional, y se anticipa que la sesión del próximo martes será una balanza que refleje diferentes intereses y posturas en un país que busca modernizar su marco legal en materia de control de organizaciones.
En un ambiente político marcado por la tensión y la polarización, la definición de cómo se regularán las ONGs puede tener repercusiones significativas en la forma en que estas entidades operan en el país. Las proyecciones sobre el posible impacto de la ley resuenan no solo en los círculos políticos, sino también en la ciudadanía, que observa con atención la forma en que se maneja este tema sensible. Con la presión social en aumento, los miembros del Congreso se preparan para abrir la puerta a un debate completo sobre este proyecto y sus implicancias.