Corte Suprema estadounidense decidirá sobre demanda de armas en México
México enfrenta un desafío crucial en su lucha legal contra gigantes de la industria armamentística de Estados Unidos. La Corte Suprema del país norteamericano ha aceptado revisar la demanda presentada por el Gobierno mexicano contra Smith & Wesson e Interstate Arms, empresas acusadas de facilitar el acceso a armas a grupos criminales, lo que ha contribuido a la creciente ola de violencia en el país latinoamericano.
El caso, que ha estado en curso desde 2021, ha tomado un nuevo giro tras la petición presentada por las empresas demandadas en agosto. Estas argumentan que la demanda de México es una violación de la soberanía estadounidense y de la legislación que protege a los fabricantes de armas. En 2022, un tribunal de Massachusetts había desestimado la demanda contra seis de las ocho empresas inicialmente acusadas, señalando que carecía de jurisdicción para abordar el asunto. A pesar de esto, México sostiene que las armerías están involucradas en prácticas empresariales negligentes y buscan obtener compensaciones que rondan miles de millones de dólares.
Smith & Wesson e Interstate Arms argumentan que un litigio prolongado, así como la posibilidad de indemnizaciones significativas, podría llevarlas a la bancarrota. En su escrito, las compañías advierten que enfrentan «años de costosos litigios» que amenazan la viabilidad de sus negocios. Las empresas se amparan en la Protection of Legal Commerce in Arms Act (PLCAA), una ley que protege a los fabricantes y distribuidores de armas de reclamos legales vinculados a sus productos, a menos que haya evidencia de un comportamiento ilegal o irresponsable.
La solicitud de las armerías ha sido recibida por la Corte Suprema, que decidirá si el caso debe ser desestimado o si se debe permitir que avance en los tribunales. México ha argumentado que la Corte Suprema no debería intervenir hasta que se resuelvan previamente varias cuestiones pendientes en el tribunal de Massachusetts, incluyendo una solicitud para desestimar la demanda. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema es definitiva y, por lo tanto, cualquier fallo en contra de México podría poner en peligro sus esfuerzos legales.
Este es solo uno de los muchos obstáculo que ha enfrentado el Gobierno mexicano en su lucha legal contra la industria armamentística. De hecho, la batalla ha estado llena de altibajos, ya que el tribunal de Massachusetts desestimó inicialmente la demanda en octubre de 2022. El juez encargado del caso, Dennis Saylor, expresó su comprensión hacia el sufrimiento de México, pero se vio obligado a tomar la decisión basada en la protección que brinda la PLCAA a los fabricantes de armas. No obstante, después de que México apelara la decisión, el tribunal de apelaciones falló a su favor en enero de 2023, permitiendo que la demanda continuara.
A pesar de sus fracasos iniciales, México ha mantenido su presión legal, incluso abriendo un nuevo frente en Arizona con otra demanda contra varios distribuidores de armas. Este enfoque multifacético es parte de una estrategia más amplia del Gobierno mexicano para responsabilizar a los fabricantes de armas por la crisis de violencia que afecta al país. Es importante destacar que la demanda no solo busca compensación financiera, sino que también busca poner de relieve el impacto que la industria armamentística tiene en el tráfico de armas y la inseguridad en México.
Las demandas de México han atraído la atención y el apoyo de varias organizaciones civiles, así como de políticos, en su mayoría del Partido Demócrata. Esto ha convertido el caso en un importante punto de discusión en la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo en un contexto donde el país latinoamericano busca mitigar las presiones históricas de Washington en temas migratorios y de combate al crimen organizado. La nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, ha reafirmado su compromiso de continuar batallando en los tribunales estadounidenses.
El asunto ha llegado a un punto crítico, ya que la decisión de la Corte Suprema podría establecer un precedente importante para futuros litigios en relación con la industria armamentística. Las implicaciones de esta batalla legal podrían reverberar tanto en México como en Estados Unidos, redefiniendo la relación entre ambas naciones y el papel que juegan los fabricantes de armas en la dinámica del crimen organizado y la violencia. Con el futuro del caso en juego, México y su lucha legal siguen captando la atención tanto de los ciudadanos como de los observadores internacionales.
