Caso Zenaida Delgado y Noelia Cabrera: compra de votos con bienes del Estado
La senadora Celeste Amarilla denunció en la Cámara Alta la compra de votos de parlamentarios con recursos del Estado, generando un profundo malestar entre sus colegas y la ciudadanía.
En una contundente declaración, Amarilla (PLRA) hizo referencia a la grave situación de corrupción que se vive en el ámbito político, señalando específicamente a la expulsada del PLRA, Noelia Cabrera, y a la diputada Zenaida Delgado del ANR. Esta última utilizó un vehículo del Congreso que, recientemente, se incendió debido a fallas eléctricas. La senadora destacó la gravedad de estas acciones, subrayando que el uso de bienes públicos para intereses particulares es una práctica que socava la confianza en las instituciones.
Amarilla enfatizó que la antigüedad o el costo del vehículo no excusan el uso indebido de recursos del Estado. “Volvemos a esa maldita práctica, o quizá nunca la dejamos, de usar bienes de todos de manera particular”, afirmó, evidenciando la desidia y el desprecio que muchos en la política parecen tener hacia la responsabilidad que conllevan sus cargos.
La senadora condenó el comportamiento “vergonzoso” de varios actores políticos, argumentando que este tipo de actitudes sigue desprestigiando a la clase política en su conjunto. “Estamos perdiendo el derecho a ser escuchados, gracias a quienes nos antecedieron y a quienes siguen en funciones”, declaró Amarilla, enfatizando que la falta de ética y responsabilidad en la gestión pública repercute en la percepción ciudadana sobre los legisladores.
En su discurso, Amarilla no escatimó en críticas hacia aquellos políticos que recurren a métodos cuestionables para sostener sus posiciones, sugiriendo que muchos de ellos se valen de «comunicaditos» y permisos fraudulentos para justificar sus actos. “No van a venir novatos a mentirnos, al menos paguen de su bolsillo, si son baratos, no con la plata de todos”, reclamó, dirigiéndose claramente a sus colegas que aún no han tomado cartas en el asunto.
La denuncia de Amarilla se suma a un clima de desconfianza generalizado hacia las instituciones políticas, que ha crecido en los últimos años en Paraguay. La percepción de corrupción y mal uso de los recursos públicos se ha convertido en uno de los principales temas de conversación entre los ciudadanos, quienes exigen más transparencia y rendición de cuentas a sus representantes.
El hecho de que misiones y recursos del Estado sean utilizados para beneficio privado desafía el principio fundamental de la ética en la función pública. Las palabras de Amarilla evocan un llamado a la reflexión sobre cómo las prácticas corruptas no solo afectan la imagen de los políticos, sino que también deslegitiman el trabajo de aquellos que realmente buscan un cambio positivo para la sociedad.
En conclusión, la denuncia de la senadora Amarilla resuena en un contexto donde la lucha contra la corrupción es primordial y urgente. Políticos de diferentes sectores políticos deben unirse en el compromiso de erradicar estas prácticas deleznables. Las expectativas de la ciudadanía dependen de la voluntad de sus representantes para cambiar la narrativa y restaurar la confianza en la política como una herramienta para el bien común.
