Calificación del país: Orué destaca el avance en la situación fiscal reciente.

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El director nacional del DNIT, Óscar Orué, ha comentado sobre la reciente calificación de Fitch Ratings, revelando tanto aspectos positivos como negativos que afectan la situación económica del país.

La agencia internacional Fitch Ratings no otorgó el grado de inversión que el Gobierno del presidente Santiago Peña esperaba, a pesar de que otra calificadora, Moody’s, había hecho lo mismo apenas en julio. Esta situación ha generado diferentes reacciones entre las autoridades, especialmente en el contexto nacional donde la gestión económica se ha visto marcada por retos importantes.

Uno de los puntos que Fitch destaca como problemático es el proyecto de ley de control sobre las organizaciones no gubernamentales, conocido popularmente como la «ley anti-ONG». De acuerdo con el informe, si esta ley es aprobada por el Congreso, podría amenazar las libertades de asociación y de expresión, fundamentales en cualquier democracia. Este aspecto ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, que consideran que podría llevar a un debilitamiento del espacio cívico en el país.

A pesar de la negativa de Fitch respecto al grado de inversión, Orué afirmó que la situación fiscal del país ha mostrado señales de mejora. De hecho, el informe de Fitch señala que se prevé una reducción del déficit del gobierno central, estimando que podría caer al 2,6% del PIB para el año 2024. Esta reducción es considerada un avance importante, aunque reconoce que se debe a un objetivo «relajado» por parte de las autoridades, dados los atrasos administrativos que se han detectado.

El director del organismo tributario celebró también los logros en la recaudación fiscal, precisando que esta ha aumentado en un 21% interanual en los primeros nueve meses del año. Orué atribuyó este incremento a la mejora en la eficiencia administrativa y a la fusión de entidades tributarias, junto con un repunte en el consumo en Paraguay, impulsado por una mayor fortaleza del peso argentino.

Mirando hacia el futuro, el Gobierno ha fijado metas ambiciosas. La intención es reducir el déficit al 1,9% del PIB en 2025 y volver al límite de 1,5% establecido por la ley de responsabilidad fiscal para 2026. Estas proyecciones, aunque optimistas, también dependen en gran medida de la estabilidad política y social del país, especialmente ante la controversia que ha generado la ley sobre ONG.

La situación económica del país se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones políticas y legislativas jugarán un papel crucial en la percepción internacional. La gestión de la administración Peña será observada de cerca no solo por organismos de calificación, sino también por inversores y líderes de opinión, que ven en estos indicadores la capacidad del país para atraer inversión y mantener un crecimiento sostenido.

La balanza entre los logros fiscales y las preocupaciones sociales generadas por nuevas legislaciones será un tema recurrente en el debate nacional. La aprobación o el rechazo de la «ley anti-ONG» podría influir significativamente en la percepción que Fitch y otros organismos tienen sobre el clima de negocios en Paraguay. En un mundo donde la imagen internacional está cada vez más ligada a factores sociales, el Gobierno tendrá que navegar con cautela para mantener un equilibrio entre desarrollo económico y derechos fundamentales.


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