Boluarte despliega tanques en calles para combatir crimen organizado.

Crisis de Inseguridad en Perú Desata Protestas Masivas y Respuestas Controversiales del Gobierno

LIMA, Perú – En un contexto de creciente violencia y criminalidad, la presidenta Dina Boluarte se enfrenta a una ola de protestas en Perú, donde miles de ciudadanos han salido a las calles para expresar su descontento. La situación se ha intensificado tras el anuncio de una nueva huelga nacional, en un ambiente marcado por el temor y la desesperación frente a las extorsiones y ataques relacionados con el crimen organizado.

Las manifestaciones, que abarcan principalmente las zonas costeras y montañosas del país, han generado una respuesta policial sin precedentes, incluyendo el uso de tanques para disuadir a los manifestantes. Boluarte, quien recientemente rompió su silencio tras 104 días de inacción mediática, desestimó la efectividad de los paros, sugiriendo que estas acciones no resolverían los problemas de fondo. “Uno o dos paros no solucionarán el problema”, afirmó, mientras las encuestas reflejan una desaprobación del 92% hacia su gestión.

Durante su intervención con la prensa, Boluarte evitó las preguntas y se mostró confrontativa, resaltando que el Gobierno no se dejaría llevar por discursos de odio. Sin embargo, su discurso no logró apaciguar la indignación popular. Las protestas continúan mientras el país vive una crisis que involucra no solo a los sindicatos de transporte, sino también a comerciantes y universitarios, quienes han elevado sus voces en demanda de solución a sus problemas.

El ambiente de descontento ha llevado a que la presidenta culpe a la comunidad venezolana por el aumento en la criminalidad, lo que ha generado más tensiones en un país que ya enfrenta divisiones sociales importantes. Un nuevo decreto ordena a los arrendadores informar sobre quienes alquilan sus propiedades, refiriéndose principalmente a los inmigrantes venezolanos, a quienes se les exige demostrar su situación laboral bajo la amenaza de multas.

La magnitud de las protestas se ha hecho evidente en Lima, donde miles de manifestantes bloquearon avenidas e intentaron acercarse al Congreso. La respuesta del Gobierno fue drástica, con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad – trece mil policías y cuatro mil soldados en el Centro Histórico de la ciudad. Sin embargo, los manifestantes expresaron su frustración, indicando que la presencia militar no ha resultado efectiva para detener la creciente violencia criminal.

Incidentes de violencia persisten, alimentando la percepción de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para enfrentar a las mafias. La reciente muerte de un mototaxista, atacado por un sicario, subraya la precariedad del orden público en la capital, donde la extorsión ha llegado a afectar incluso a las escuelas. La Asociación de Promotores de Educación Inicial reportó que 250 colegios privados están siendo extorsionados, habilitando una situación insostenible que ha obligado a suspender clases presenciales y reprogramar citas médicas.

Los manifestantes no solo buscan un cambio de política, sino que han exigido la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras fallos administrativos que han debilitado la confianza en la gestión del Gobierno. La revueltas también han dejado claro un deseo colectivo: la salida de Boluarte del poder. El día culminó con la detención de 26 personas, un hecho que solo avivó el fuego de las protestas, las cuales han logrado reunir a diversos sectores de la sociedad, incluyendo la participación de artistas y figuras públicas.

El escenario actual en Perú ilustra un país dividido y en crisis, donde las instituciones sufren un desmantelamiento de la confianza por parte de la ciudadanía. Mientras los sindicatos han declarado que la lucha continuará, queda en el aire la pregunta de si el gobierno será capaz de restablecer no solo el orden, sino también la confianza de los peruanos en un futuro. Las autoridades enfrenten un reto monumental no solo ante una ciudadanía enojada, sino ante un aumento palpable de la criminalidad que amenaza con socavar aún más la estabilidad social.