Aumento de la violencia: cuatro masacres en fin de semana.

Colombia enfrenta un fin de semana letal, marcado por cuatro masacres que dejaron un saldo de 12 muertos en distintas localidades, intensificando la preocupación por una escalada de violencia. Este es el periodo más violento del año en zonas afectadas por el conflicto armado.

La región de Santanderes ha sido particularmente impactante, donde operan grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que previamente habían acordado una tregua silenciosa. Sin embargo, en este contexto, han emergido señales alarmantes de una crisis en esa tregua. La preocupación aumenta sobre la aparición de un tercer actor, que se identifica como el Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo guerrillero que había permanecido inactivo desde hace ocho años.

Wilfredo Cañizares, representante de la Fundación Progresar, una organización de derechos humanos, ha señalado que desde inicios de 2024 han documentado la presencia de hombres que dicen ser miembros del EPL en al menos cinco municipios de la subregión de Catatumbo. Cañizares menciona que estos grupos armados han comenzado a establecer retenes ilegales y a comunicarse directamente con las comunidades, generando un clima de temor y desconfianza entre los habitantes de la zona, que es conocida por su producción de coca.

El fin de semana se inició con el descubrimiento de tres cuerpos en la vereda Aratoque, en La Playa de Belén, y otro aumento dramático de violencia en Ábrego. Según Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la naturaleza de las víctimas es crucial para entender el trasfondo de estos asesinatos. Cuando los muertos son individuos ligados a grupos armados, suelen considerarse ajustes de cuentas. Por el contrario, los asesinatos de líderes comunitarios o ciudadanos inocentes suelen reflejar un intento de control social.

González también subraya que los recientes eventos sugieren la posible ruptura de la tregua entre el ELN y el Frente 33, lo que podría estar desencadenando una lucha más violenta por el control territorial. Esta es una zona donde la dinámica del conflicto ha estado marcada por luchas de poder entre diferentes grupos armados, que buscan expandir su dominio en el negocio del narcotráfico, especialmente en las áreas donde se cultiva coca.

El comandante de la policía de Norte de Santander, coronel Néstor Arévalo, ha declarado que el ELN probablemente está detrás de los asesinatos en La Playa de Belén, como parte de una estrategia para contener al EPL en su intento de hacerse con el control de la región. Esta dinámica resalta el grave estado de los derechos humanos en Colombia, donde el ciclo de violencia parece no tener fin.

Un caso todavía más trágico se registró en Cimitarra, Santander, donde ocho hombres armados entraron en una vivienda y asesinaron a tres adolescentes, lo que llevó a las autoridades a imponer un toque de queda. Este hecho, junto con los asesinatos en el Catatumbo, refleja la impunidad y el pavor que enfrentan las comunidades que viven bajo la amenaza constante de la violencia armada.

La cuarta masacre del fin de semana se reportó en La Victoria, en el Valle del Cauca, donde se encontraron tres personas asesinadas en circunstancias similares a las masacres anteriores. A pesar de no haber identificado a las víctimas, se hace evidente que la violencia está afectando a un amplio espectro de la población colombiana, independientemente de su relación con grupos armados.

Hasta la fecha, el informe de Indepaz señala que 2024 ha registrado 54 masacres en Colombia, lo que refleja una leve disminución respecto a los 70 eventos violentos documentados en el mismo período del año anterior. Sin embargo, esta mejora numérica no debe llevar a la complacencia, ya que las masacres recientes se concentran especialmente en la región de Santanderes, donde el ciclo de violencia parece estar recibiendo un nuevo aliento debido a la disputa territorial entre el ELN, las disidencias de las FARC y la posible reemergencia del EPL. Las autoridades y organismos de derechos humanos continúan demandando atención a esta crisis humanitaria, mientras muchas comunidades viven atemorizadas y en la incertidumbre sobre su futuro.