PGN 2025: Inician los primeros pedidos de aumento en la bicameral –

El Ministerio Público y la Defensa Pública demandan aumentos significativos para sus presupuestos en 2025, en medio de un ambiente fiscal restringido.

El pasado 16 de octubre, se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, donde se presentaron solicitudes por parte de organismos fundamentales en la administración de justicia y la defensa pública. El Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública fueron las primeras instituciones en manifestar su necesidad de aumentar sus respectivos proyectos de presupuesto para el año 2025.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue uno de los primeros en presentar su solicitud. En su discurso, Rolón solicitó un incremento adicional de 305.931 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 40,4 millones de dólares. Este monto es esencial, según su visión, para garantizar un aumento salarial del 25% para todos los empleados del Ministerio Público, así como para la creación de 596 nuevos cargos, dado que actualmente la institución cuenta con 5.343 empleados permanentes. Estos cambios, argumentó, son fundamentales para el adecuado funcionamiento de la fiscalía, especialmente en el contexto de un aumento sostenido en la carga de trabajo atribuible al incremento de delitos en el país.

Por su parte, el defensor general, Javier Dejesús Esquivel, también presentó un pedido que resuena con la demanda del Ministerio Público. Esquivel solicitó una suma adicional de 79.628 millones de guaraníes, cerca de 10,5 millones de dólares. En su exposición, ressaltó que su solicitud no incluyó la creación de nuevos cargos, pero sí la necesidad de realizar una nivelación salarial para los ujieres, médicos forenses y mediadores, respaldándose en la legislación vigente que establece la equiparación de salarios entre ambas instituciones. Asimismo, apuntó a la importancia de implementar un programa de desprecarización laboral y la necesidad de nuevos edificios para una mejor ejecución de sus tareas.

Durante la misma audiencia, ocho ministros del Poder Ejecutivo se presentaron ante la comisión, adoptando un enfoque más conservador respecto a sus peticiones. Sin embargo, la secretaria nacional antidrogas, Jalil Rachid, se unió al coro de solicitudes al manifestar que lo requerido por su ministerio es “lo mínimo” para continuar su lucha contra el narcotráfico. Este tipo de propuestas indica un panorama complicado en el que diferentes sectores gubernamentales luchan por acceder a más recursos, mientras que la administración pública debe enfrentar un marco fiscal rígido.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ha instado a los legisladores a mantener los topes de gastos establecidos en el presupuesto presentado por el Ejecutivo. En el encuentro de la comisión, enfatizó que el límite del déficit fiscal para el próximo año sería de 1.9% del PIB, como parte de un plan de convergencia fiscal que busca, para el 2026, regresar al límite del 1.5% establecido por la ley de responsabilidad fiscal. Fernández Valdovinos subrayó que, si se deciden modificaciones en materia presupuestaria, sería necesario reajustar recursos de unas instituciones a otras, lo que pone en evidencia las tensiones entre las diferentes demandas de financiamiento.

La Cámara de Senadores también tiene pendiente un tratamiento de petición de ampliación del presupuesto de la Fiscalía para el 2024, que incluye la creación de 300 nuevos puestos para fiscales y personal de apoyo. Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa Pública ya cuenta con una ampliación aprobada de 20.060 millones de guaraníes, lo que demuestra la constante presión sobre el presupuesto del Estado para abordar cuestiones esenciales de justicia y defensa.

A medida que avanza el proceso de discusión del presupuesto, se ha comenzado a evidenciar el desacuerdo entre las diferentes ramas del gobierno sobre cómo abordar la creciente demanda de recursos sin comprometer la estabilidad económica del país. Con una economía que se enfrenta a desafíos significativos, el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se torna vital, ya que ambos lados deben reconciliar estas solicitudes con las realidades fiscales del gobierno.

En este contexto, el ministro Fernández Valdovinos insta a un enfoque equilibrado que no comprometa la sostenibilidad fiscal. Las instituciones del sector público deben ponderar sus necesidades con las restricciones presupuestarias y el difícil ambiente económico del país. A medida que los legisladores se preparan para analizar las solicitudes recibidas, se espera un intenso debate sobre cómo asignar recursos limitados a las instituciones que desempeñan roles cruciales en la administración de justicia y en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo del presupuesto 2025. Las decisiones que se tomen en la Comisión Bicameral no solo afectarán el funcionamiento de importantes ministerios, sino que también establecerán un precedente sobre cómo el país prioriza sus gastos en el contexto de una economía cada vez más desafiante. Las expectativas están altas, y la presión es palpable mientras cada institución busca asegurar los recursos necesarios para cumplir con su misión en el servicio público.