Comité de Protección de Periodistas solicita a Peña vetar Ley anti-ONG propuesta.
El Comité para la Protección de Periodistas ha emitido un contundente llamado al presidente de Paraguay, Santiago Peña, instándolo a rechazar la controvertida Ley que regula a las organizaciones sin fines de lucro. Esta legislación, popularmente conocida como la Ley “garrote”, es motivo de preocupación por sus implicaciones en la independencia de los medios de comunicación.
Cristina Zahar, Coordinadora del Programa de América Latina del CPJ, subrayó que muchos medios independientes en Paraguay operan como organizaciones sin fines de lucro, dependiendo en gran medida de la financiación internacional. Según Zahar, la nueva ley exigiría que estas entidades revelen información sensible sobre sus empleados, lo que podría poner en riesgo su labor y, en consecuencia, la libertad de prensa en el país.
La ley ha sido criticada ampliamente, pues se teme que su implementación cree un ambiente hostil para la denuncia de irregularidades gubernamentales. Los defensores de la libertad de expresión argumentan que esta normativa no solo afectará a los medios de comunicación, sino que creará un clima de miedo que podría inhibir la investigación de asuntos de vital interés público.
En un contexto más amplio, la preocupación por esta ley se intensificó tras las advertencias emitidas en julio pasado por tres relatores especiales de las Naciones Unidas. Estos expertos en derechos humanos manifestaron que la legislación propuesta podría «restringir indebidamente» derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación.
La situación en Paraguay ya es complicada para los medios de comunicación debido a las presiones políticas y la falta de recursos. La posibilidad de que una ley como la «garrote» restrinja aún más su capacidad de actuar de manera independiente ha sido fuertemente condenada tanto a nivel nacional como internacional. La implementación de este marco legal podría allanar el camino para una mayor censura y autocensura en un país donde ya es alarmante la falta de pluralidad en los discursos mediáticos.
La reacción de la sociedad civil ha sido inmediata y contundente. Organizaciones de derechos humanos, así como grupos de periodistas, han convocado a manifestaciones para protestar en contra de la ley, argumentando que la promoción de la transparencia no debería ir en detrimento de la libertad de expresión. Las voces críticas sostienen que existe una clara intención de acallar a los medios que se atreven a destapar la corrupción y las irregularidades en el gobierno, lo que podría resultar en un daño irreparable al tejido democrático del país.
Ante esta situación, el CPJ ha subrayado la necesidad de que el gobierno paraguayo sea responsable en su tratamiento de los medios. La organización hace hincapié en que el apoyo a la transparencia no debe traducirse en un control excesivo que limite la capacidad de los periodistas para informar libremente. De esta manera, piden una revisión exhaustiva de la legislación para asegurar que no se convierta en un instrumento de represión en lugar de un recurso de accountability.
La discusión en torno a esta ley se encuentra en un punto crítico, y el debate sobre su conveniencia es urgente. La comunidad internacional mira con atención lo que ocurra en Paraguay y los efectos que tendrá esta legislación en la libertad de prensa en la región. Las decisiones que tome el gobierno en este momento tendrán repercusiones no solo para el ámbito mediático, sino para la democracia y la participación ciudadana en su conjunto.
