Bolsas «de oro» de Petropar: reconocen un «error», pero omiten sobrefacturaciones.
Polémica por sobrefacturación en Petropar: precios escandalosos en licitación de promocionales
En un escenario de críticas y sospechas, la empresa estatal Petropar ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos tras la revelación de precios sobrefacturados en una reciente licitación. La hospitalidad de los números parece haber sido olvidada, pues se vislumbran gastos de hasta G. 2.000 millones en artículos promocionales, cuyo costo en el mercado es significativamente menor.
La licitación, cuyo cierre se espera para el 22 de octubre a las 11:00 en la planta de Villa Elisa, ha suscitado numerosos cuestionamientos. Inicialmente, Petropar defendió los precios de referencia, pero posteriormente cambió su narrativa y comunicó que existió un "error" en la transcripción de algunas cifras. Sin embargo, esta aclaración no abarca la mayoría de los precios que han sido calificados como inflados y alejan a la empresa de la rendición de cuentas que debería garantizar.
Los datos obtenidos revelan que el precio a pagar por una bolsa con el logo de Petropar asciende a G. 98.333. Este costo resulta alarmante cuando se compara con su precio real en el mercado, que no sobrepasa los G. 4.000. La magnitud del error, o más bien de la omisión, deja entrever una falta de control interno que podría poner en jaque las finanzas de la empresa y, en consecuencia, la confianza del público.
El escándalo recuerda a otros casos de dilapidación de recursos en instituciones públicas, como el sonado caso del “tapabocas de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). En ese momento, el precio de cada mascarilla alcanzó la exorbitante suma de G. 30.000, cuando en el mercado no costaba más de G. 15.000. Las similitudes entre estos casos invitan a cuestionarse si en la gestión pública se ha instalado una cultura de derroche y falta de escrúpulos.
La controversia se extiende más allá de las bolsas; el costo de otros artículos como bolígrafos, lápices, y placas de reconocimiento también ha despertado la indignación de los ciudadanos. Por ejemplo, los bolígrafos tipo touch serían adquiridos por G. 12.333 cada uno, un precio que, según lo investigado, estaría por encima del costo mayorista, que varía entre G. 2.700 y G. 5.500. Asimismo, se destinarían G. 11.000 por cada lápiz ecológico, mientras que en el mercado su precio no supera los G. 3.000.
La gestión de Norman Caballero al frente de la Dirección de Comunicaciones de Petropar no es la primera en ser objeto de controversia por su manejo financiero. No hace mucho, otorgó adjudicaciones similares que presentan precios inflados. En una llamada reciente, por ejemplo, la empresa se comprometió a gastar un máximo de G. 2.500 millones, principalmente en servicios de fotografía, diseño y cartelería. En esta oportunidad, se informó que se estarían pagando cerca de G. 26 millones por una hora de video, y hasta G. 9,1 millones por transmisiones en vivo en redes sociales.
Por otro lado, en otra licitación, Petropar también dispuso un presupuesto de G. 134 millones para la "adquisición de banderas para estaciones de servicio". Se notificó que se pagará hasta G. 628.000 por cada pabellón, lo que abunda en el descontrol de precios que parecen justificar la falta de transparencia del manejo financiero en la estatal.
Al llegar a este punto, el clamor nacional apunta hacia un cambio en la cultura de contratación de bienes y servicios en las entidades públicas. El descontento crece entre los ciudadanos, quienes exigen explicaciones y, sobre todo, un manejo más austero y responsable de los recursos del Estado. Los casos recurrentes de derroche en instituciones gubernamentales reflejan un patrón que podría generar una desconfianza aún mayor hacia la administración pública.
Mientras tanto, las voces de protesta se intensifican y la presión social podría ser el catalizador necesario para obligar a las autoridades a tomar medidas concretas que promuevan la rendición de cuentas y favorezcan la buena gestión del dinero público. La necesidad de una reforma en los procesos de compra de las entidades estatales se vuelve cada vez más evidente, porque la opacidad no puede ser la normatividad, sino una excepción que debe ser erradicada del entramado gubernamental.
