Corte Suprema apoya restricciones de Biden sobre armas fantasma.

Tribunal Supremo de EE. UU. debatirá regulación de armas ‘fantasma’ en contexto de creciente violencia armada

Un importante debate sobre la regulación de las armas de fuego en Estados Unidos está en marcha ante el Tribunal Supremo. Este asunto se centra en las conocidas como "armas fantasma", que son aquellas que se ensamblan a partir de piezas compradas, generalmente de manera online, y que eluden las restricciones legales de registro y verificación de antecedentes.

Durante una reciente audiencia, el Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas, mostró señales de apoyo hacia la administración del presidente Joe Biden. Esta administración impuso regulaciones más estrictas sobre la venta de piezas y kits para armas de fuego, las cuales buscan mantener un control sobre un sector cuya falta de regulación ha llevado a un aumento en la violencia armada.

Aunque un tribunal inferior había determinado que el gobierno había sobrepasado su autoridad, la Corte Suprema decidió suspender esa decisión con una votación de cinco a cuatro. Esta clara división sugiere que la mayoría de los miembros está dispuesta a respaldar las exigencias impuestas por el Gobierno, al menos de manera cautelar, mientras se espera una decisión sobre el fondo del asunto en los próximos meses.

El presidente del Tribunal, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, dos figuras claves en la mayoría conservadora, han expresado dudas acerca de la comercialización sin restricciones de estas armas. La normativa que se está discutiendo exige que tanto los fabricantes como los vendedores de piezas de armas tengan licencia, lo que incluye la obligación de que los productos lleven un número de serie que permita su rastreo, así como la verificación de antecedentes para sus compradores.

En este debate, no está en cuestión el derecho constitucional a poseer armas, consagrado por la Segunda Enmienda. En cambio, el enfoque se centra en si la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, tiene la autoridad para clasificar las piezas de armas como armas de fuego y, por ende, imponer regulaciones al respecto. Este análisis se enmarca en la Ley de Control de Armas de 1968, la cual permite al gobierno establecer requisitos para la comercialización de dispositivos que pueden ser fácilmente convertidos en armas.

Elizabeth Prelogar, la fiscal estatal que sostiene la posición del Gobierno, argumentó que la ley impone requisitos fundamentales que han estado vigentes durante más de 50 años y que son esenciales para el control del uso de armas en el país. La creciente venta de kits que permiten ensamblar armas en poco tiempo y sin necesidad de cumplir con requisitos legales ha generado preocupación entre los defensores de la regulación. Ella advirtió que estas prácticas han llevado a un notable incremento de delitos cometidos con armas fantasma, que son prácticamente irrecuperables por las autoridades.

Sin embargo, los contrarios a la normativa defienden que la mayoría de los delitos son cometidos con armas tradicionales y que los kits de armas son difíciles de ensamblar. El abogado que representa a los grupos de derechos de armas, Peter Patterson, argumentó que el enfoque de la Ley de Control de Armas no apuntaba a regular el acceso a las armas hasta este grado y que el mercado de armas de segunda mano es una fuente mucho más significativa de armas para los delincuentes.

En la audiencia, un intenso intercambio de argumentos se produjo entre los jueces. El juez Samuel Alito cuestionó si ciertos componentes podían ser considerados como armas, sugiriendo que la facilidad de convertir piezas en armas es parte de un debate más amplio sobre la interpretación de la ley. La jueza Barrett contrastó estos kits con paquetes de alimentos, insinuando que su naturaleza intrínseca debe ser reconocida en el contexto de la legislación sobre armas.

Finalmente, el presidente del Tribunal, John Roberts, expresó escepticismo hacia las descripciones de los fabricantes, quienes intentan presentar la falta de regulación de estas armas como un asunto de bricolaje. Roberts sugirió que la simplicidad de ensamblar algunos de estos kits implica un riesgo considerable, señalando que el proceso es muy accesible y, por lo tanto, podría llevar a un uso indebido.

Este caso pone de relieve la creciente tensión en torno a la regulación de armas en Estados Unidos en un momento en que la violencia armada ha ido en aumento. La decisión que tome el Tribunal Supremo podría establecer un precedente significativo en el control de armas y en el debate más amplio sobre la seguridad pública y el derecho a portar armas. La nación espera con ansias el veredicto, que podría reconfigurar el paisaje legal sobre la posesión y venta de armas en el país.